La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior se encuentra próxima a concluir la investigación contra el teniente general Augusto Ríos Tiravanti, acusado por el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado, de presuntamente filtrar documentos personales del actual jefe policial, Fredy López Mendoza. El caso se desarrolla en medio de una disputa entre altos mandos que ha generado cuestionamientos sobre el liderazgo y la cohesión de la institución.
La controversia se originó en septiembre, cuando se difundieron en redes sociales y medios de comunicación documentos relacionados con la condición médica de López Mendoza, quien estaba previsto para asumir la Comandancia General de la PNP. Las publicaciones cuestionaban su aptitud para ejercer el cargo. Posteriormente, la Dirección de Comunicaciones e Imagen de la Policía emitió un comunicado en el que precisó que, aunque el oficial había recibido anteriormente una clasificación de aptitud psicosomática 2, en los últimos años no había presentado síntomas relacionados con ese diagnóstico.
Según la denuncia de Arriola, Ríos habría solicitado el legajo personal de López Mendoza y gestionado la recopilación de documentación sobre su estado de salud con la presunta intención de desacreditarlo y favorecer su propia llegada al máximo cargo policial. El 18 de septiembre, antes de asumir como jefe del Estado Mayor, Ríos fue suspendido temporalmente de sus funciones por la Oficina de Asuntos Internos.
Sin embargo, fuentes vinculadas a la defensa de Ríos niegan que haya filtrado información a la prensa. Sostienen que, como entonces inspector general de la PNP, estaba facultado para solicitar los legajos personales de López y otros diez generales, y que informó por escrito sobre estos requerimientos a Arriola y al ministro del Interior, César Astudillo. Desde esa posición, consideran que la acusación busca impedir que Ríos asuma la jefatura del Estado Mayor.
El caso también refleja una antigua rivalidad entre Arriola y Ríos, ambos integrantes de la promoción policial de 1989, cuyas diferencias se habrían profundizado durante la gestión del primero al frente de la institución. La investigación alcanza también al coronel PNP Jhonny Silva Rodríguez, jefe de Recursos Humanos, y a la técnica policial Katherine Vizcarra Manrique, quien trabajaba en el área de legajos.
Si la Oficina de Asuntos Internos determina que Ríos es responsable de la presunta filtración, podría recomendarse su pase al retiro. Entre los posibles cambios en el alto mando se menciona al teniente general Manuel Lozada Morales como eventual reemplazo en la jefatura del Estado Mayor. Por ahora, la investigación continúa sin que se haya establecido una responsabilidad definitiva.
