Una pericia policial concluyó que la firma consignada en la declaración jurada de postulación de la diputada por San Martín, Jacqueline Tapullima, no le pertenece, resultado que se suma a un examen previo que determinó que la huella dactilar del mismo documento tampoco corresponde a la legisladora. La investigación señala que los peritos compararon la rúbrica cuestionada con firmas originales e identificaron nueve diferencias en los trazos, mientras la parlamentaria indicó que esperará el avance de las investigaciones.
La normativa electoral exige que la declaración jurada de candidatura incluya la firma y la huella del postulante como prueba de su voluntad de participar en los comicios. Por este caso, Tapullima afronta una investigación por un presunto delito contra la fe pública, cuya sanción contempla entre seis y ocho años de prisión, mientras simpatizantes de la agrupación aseguraron que no realizó campaña y que su incorporación a la lista habría respondido al requisito de paridad de género.
El reportaje también identificó a una abogada que no figura en la planilla del Congreso ni como integrante oficial del despacho de la diputada, pero que habría ingresado en reiteradas ocasiones a la oficina parlamentaria y participado en coordinaciones relacionadas con proyectos de ley y documentos legislativos. La profesional reconoció que acudía por su amistad con Tapullima y negó haber desempeñado funciones oficiales, mientras la congresista evitó pronunciarse sobre ese punto y respondió que se realicen las investigaciones correspondientes.
