El gerente regional de Administración del Gobierno Regional de La Libertad, Jobvito Flores Mariños, rechazó las conclusiones difundidas por la Contraloría General de la República sobre la contratación de 397 profesionales durante 2024 y pidió al organismo de control que se retracte por brindar información que calificó de “inexacta”. El funcionario aseguró que no se cometieron actos ilegales en la contratación de personal técnico temporal.
Flores cuestionó que la Contraloría afirmara que se utilizaron indebidamente más de S/ 12 millones para estas contrataciones. Sostuvo que las investigaciones todavía no han concluido y que las responsabilidades deberán ser determinadas por las instancias correspondientes.
“No se puede asegurar mientras no haya concluido un proceso. Los informes de Contraloría no son actos administrativos que concluyen en proceso. Son evidencias o sustentos sobre una situación que se puede revertir más adelante”, manifestó el funcionario, quien no descartó adoptar acciones legales.
Respecto a la contratación de 397 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, Flores argumentó que el procedimiento cuenta con respaldo legal en el Decreto Supremo N.º 005-1990-PCM, específicamente en el artículo 38, inciso B. Según explicó, esta disposición permite contratar personal para realizar funciones temporales en proyectos de inversión y proyectos especiales, sin que necesariamente se requiera un concurso público, y establece que el vínculo contractual concluye al término del proyecto.
Asimismo, afirmó que esta modalidad no fue creada por el GORE La Libertad y que otros siete gobiernos regionales también la aplican sin haber recibido observaciones de la Contraloría. Según indicó, la entidad regional adoptó este procedimiento como una experiencia exitosa.
Sobre los pagos en exceso identificados a 50 profesionales, el gerente aseguró que fue el propio Gobierno Regional el que detectó y denunció el hecho en noviembre de 2024. Precisó que presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, el Órgano de Control Institucional y la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios. También señaló que el caso fue anunciado en una conferencia de prensa y que se brindaron facilidades para identificar al personal involucrado.
Finalmente, en relación con el presunto uso de recursos de inversión para pagar remuneraciones, Flores sostuvo que se aplicó la genérica 2.6 del Clasificador Económico de Gastos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondiente a gastos de personal de inversión y elaboración de estudios técnicos, y no la genérica 2.1, destinada a remuneraciones.
“No hemos incurrido en acto ilegal. Nosotros nos basamos en la propia normativa que establecen los entes rectores”, concluyó el funcionario.
