La Organización de las Naciones Unidas expresó una seria preocupación por las acciones emprendidas recientemente contra la fiscal suprema Delia Espinoza. A través de la relatora especial Margaret Satterthwaite, el organismo señaló que las medidas disciplinarias, las amenazas a su seguridad —incluido el retiro parcial de su escolta— y las decisiones adoptadas desde el Congreso representan señales preocupantes sobre una posible interferencia política en el ejercicio de sus funciones. La relatora afirmó que “atacar a la fiscal Espinoza (…) únicamente por desempeñar su función como Fiscal Suprema y Fiscal General de la Nación del sistema judicial peruano supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”.
Satterthwaite recordó que Espinoza fue suspendida por seis meses y que esta medida fue anulada por orden judicial, aunque advirtió que su reincorporación aún no ha sido cumplida. Asimismo, manifestó preocupación por la decisión de la Junta Nacional de Justicia de investigar al juez que dispuso su retorno, enfatizando que los magistrados no deben enfrentar represalias por el contenido de sus resoluciones. La relatora también se refirió al reciente pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó una moción para inhabilitar a Espinoza por diez años, cuyo dictamen será debatido por el Pleno el 3 de diciembre.
El pronunciamiento de la ONU resaltó que, de acuerdo con los estándares internacionales, jueces y fiscales deben ejercer sus funciones sin intimidaciones, presiones ni procesos disciplinarios motivados por decisiones adoptadas en el marco de sus responsabilidades. La relatora exhortó a las autoridades peruanas a respetar la independencia judicial y a asegurar que las instituciones encargadas de la disciplina de magistrados actúen con imparcialidad y sin motivaciones políticas.
