La Defensoría del Pueblo aseguró que no existen pruebas fehacientes de fraude electoral en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, aunque reconoció que sí se registraron irregularidades logísticas y operativas que deben ser investigadas. El pronunciamiento fue realizado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, durante la presentación del informe final de supervisión del proceso electoral desarrollado el pasado 12 de abril.
Según el organismo, el informe fue elaborado tras una revisión técnica de reportes informáticos y de especialistas en procesos electorales, concluyendo que no se hallaron evidencias que comprometan la legitimidad de los resultados oficiales. La Defensoría también destacó que las denominadas “mesas de código 900”, ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso, forman parte de una estrategia de ampliación de cobertura para garantizar el derecho al voto en comunidades alejadas.
El documento además señala que hubo retrasos en la instalación de algunas mesas en Lima Metropolitana, lo que obligó a habilitar de manera extraordinaria ciertas mesas el 13 de abril. Pese a los cuestionamientos planteados por sectores políticos como Renovación Popular, la Defensoría sostuvo que los resultados reflejan la voluntad popular y exhortó a los actores políticos y ciudadanos a canalizar cualquier reclamo por vías institucionales y con pruebas verificables.
