Ronald Cárdenas, ex técnico de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida luego de ser hallado culpable de solicitar dinero a la esposa de un interno a cambio de evitar que fuera trasladado a un penal de alta peligrosidad.
El caso ocurrió en el Establecimiento Penal Transitorio de Lima, ubicado en Ancón II, donde el exfuncionario aprovechó su cargo para intimidar a la familiar de un interno recientemente ingresado al centro penitenciario. Según la investigación del Ministerio Público, Cárdenas se hacía llamar “Alcaide Rony” para comunicarse con la mujer y exigirle un pago de S/500 mediante depósito por aplicativo móvil.
La amenaza consistía en advertirle que, si no entregaba el dinero solicitado, el interno sería trasladado a un penal de mayor peligrosidad, donde supuestamente su vida e integridad correrían grave riesgo. La situación generó temor en la familiar, quien finalmente realizó el depósito solicitado por el trabajador penitenciario.
Las investigaciones fiscales permitieron acreditar el delito a través de diversas pruebas, entre ellas el levantamiento del secreto bancario, registros de llamadas telefónicas y conversaciones de WhatsApp entre el acusado y la víctima. Incluso, en uno de los mensajes, el exfuncionario confirmó haber recibido el dinero escribiendo la frase: “Está usted servida”.
Tras evaluar las pruebas presentadas, el Poder Judicial dictó una condena de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de prueba de tres años. Además, se dispuso su inhabilitación por diez años para ejercer cualquier cargo público.
La sentencia también incluye el pago de 241 días multa y una reparación civil de S/6.000 a favor del Estado. El fallo judicial establece además reglas de conducta obligatorias para el sentenciado.
Las autoridades precisaron que, en caso de incumplir las condiciones impuestas por el Poder Judicial o no realizar el pago correspondiente de la reparación civil, la pena suspendida podría ser revocada y convertirse en prisión efectiva.
Este caso vuelve a poner en debate las denuncias sobre presuntos actos de corrupción dentro del sistema penitenciario peruano y el uso indebido de cargos públicos para obtener beneficios económicos ilícitos a costa de familiares de internos.
