El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori propuso utilizar temporalmente instalaciones militares en desuso para albergar a presos de baja peligrosidad, como parte del paquete de facultades legislativas presentado ante el Congreso. La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal concentre sus labores en los internos considerados de mayor peligrosidad.
La propuesta contempla identificar espacios y habilitar instalaciones temporales que puedan recibir de manera segura a personas de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo estrictas medidas de seguridad y control. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó que el Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares militares que actualmente se encuentran en desuso.
De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), hasta mayo de 2026 había 2.672 personas recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria. De ese total, 710 se encontraban procesadas y 1.962 tenían sentencia efectiva.
El paquete de medidas también plantea restringir beneficios de reducción de pena por terminación anticipada en delitos como extorsión, sicariato y secuestro, además de autorizar de manera excepcional y temporal la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los penales debido al déficit de personal del INPE, que cuenta con poco más de 7.000 agentes.
La iniciativa se discute mientras cuatro comisiones de la Cámara de Diputados ya expresaron mediante votación su rechazo al pedido de facultades legislativas del Gobierno. Los grupos de oposición recibieron el respaldo de bancadas como el Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras.
Las comisiones que se pronunciaron en contra y emitieron informes que no recomiendan aprobar la delegación fueron las de Energía y Minas, Producción, Infraestructura, Vivienda y Transportes, y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital. El Ejecutivo solicita facultades para legislar sobre 66 puntos durante 120 días, principalmente en áreas como seguridad ciudadana y economía.
En medio de este escenario, el primer vicepresidente y titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, deberá acudir hoy al Congreso a las 3:00 p. m. para sustentar ante la Comisión de Constitución las razones por las que el Ejecutivo considera necesario recibir estas atribuciones.
Por su parte, el presidente del Congreso y también segundo vicepresidente del Perú, Miguel Torres, pidió que el Parlamento evalúe el pedido. “Cuando el país enfrenta una situación excepcional, necesita herramientas excepcionales para responder. Por eso, el Congreso debe evaluar las facultades legislativas con responsabilidad, determinación y celeridad. Eso no significa renunciar al debate. Debatamos, revisemos y hagamos los ajustes necesarios, pero sin perder de vista la urgencia de actuar. Y hoy esa urgencia es clara: enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado (…)”, afirmó.
