Seis de los diez adolescentes retenidos por la investigación de una presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados este viernes desde la comisaría de familia Bertha González Posada Eyzaguirre, en el Cercado de Lima, hacia la sede del Juzgado de Familia ubicada en la avenida Abancay. El desplazamiento se realizó como parte de las diligencias relacionadas con el caso.
Los menores salieron de la dependencia policial cubiertos con sábanas, frazadas y mantas para evitar su exposición durante el traslado. Posteriormente abordaron un bus de la Policía Nacional del Perú, que permaneció custodiado por varios agentes mientras abandonaba el lugar.
Luego se conoció que el Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima será el encargado de tomar las declaraciones de los adolescentes involucrados en los hechos ocurridos dentro del bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval, luego de que la Fiscalía los pusiera a disposición de dicho despacho.
Mientras seis adolescentes eran trasladados, otros cuatro permanecían en la comisaría Bertha González. El plazo de 48 horas de retención está previsto para culminar a las 5 p. m. de este viernes.
Al tratarse de menores de edad, el caso se encuentra sujeto a las reglas del sistema de justicia penal juvenil. La responsabilidad individual de cada adolescente deberá establecerse conforme avance el procedimiento y de acuerdo con los elementos obtenidos durante la investigación.
La abogada María Elena Portocarrero explicó a Infobae Perú que, según las circunstancias y la participación que se determine, los adolescentes investigados por la presunta agresión sexual podrían afrontar una medida de internamiento de hasta seis años. Precisó que esta consecuencia no necesariamente sería igual para todos y dependerá del nivel de participación que establezcan las diligencias.
La especialista señaló además que las autoridades deberán determinar quiénes habrían intervenido directamente, quiénes pudieron colaborar y qué papel habría cumplido cada uno de los adolescentes presentes en el lugar. También indicó que deberá revisarse la actuación de los adultos responsables del traslado, incluyendo qué conocían, qué observaron y si adoptaron alguna medida frente a una eventual situación de riesgo.
Portocarrero añadió que podría evaluarse una eventual investigación por omisión de socorro, aunque evitó precisar una posible pena porque esta dependerá de la calificación jurídica y de los elementos que logren acreditarse. Asimismo, consideró necesario revisar posibles denuncias o reportes anteriores por hechos de violencia en la institución.
La abogada también destacó la necesidad de adoptar medidas de protección para el estudiante afectado, tanto en el aspecto físico como emocional. Respecto a una eventual reparación económica, explicó que esta deberá determinarse posteriormente, una vez establecidas las responsabilidades correspondientes.
