La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en cuatro funcionarios de la Municipalidad Provincial de Virú por irregularidades en la adquisición de un terreno de dos hectáreas destinado a proyectos de gran envergadura. Según el organismo de control, la tasación del predio fue sobrevalorada y ocasionó un perjuicio económico de S/ 913 mil a la entidad.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 009-2026-2-0631-AC, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, reveló que el requerimiento de compra no contenía un análisis técnico que justificara el área necesaria para ejecutar un terminal terrestre, una Casa de la Juventud y un complejo recreativo.
Además, la justificación de la necesidad y finalidad pública fue formulada de manera general, sin acreditar los requerimientos específicos de cada proyecto ni su relación con las características y dimensiones del terreno. Tampoco se consideraron los criterios de planificación urbana vigente ni la disponibilidad de predios de propiedad municipal, pese a lo señalado en el acuerdo de concejo del 15 de febrero de 2023.
El terreno pertenecía a una empresa constructora e inmobiliaria y formaba parte de un predio rústico de cuatro hectáreas. A solicitud de la municipalidad, la compañía presentó su cotización el 23 de junio de 2023, un día después de que la entidad aprobara la independización del área. La Contraloría también advirtió que la indagación de mercado fue insuficiente y careció de objetividad, pues no se evaluaron otras alternativas ni los 65 predios identificados por la Gerencia de Administración Tributaria.
El contrato se firmó el 2 de octubre por S/ 2 millones 16 mil. Posteriormente, un funcionario gestionó el pago, que fue aprobado por otro servidor sin que el responsable de la unidad formuladora otorgara la recepción y conformidad de la prestación, como exigían las bases del procedimiento y la normativa estatal.
Asimismo, el 17 de octubre, cuando se realizaron las siete transferencias a la empresa, todavía no se había otorgado la escritura pública ni iniciado el procedimiento registral del predio. Tras solicitar una nueva tasación al Ministerio de Vivienda, la Contraloría determinó que el valor comercial oficial del terreno era de S/ 1 millón 3 mil, lo que evidenció una sobrevaloración de S/ 913 mil. Ante estos hallazgos, solicitó iniciar acciones penales contra cuatro funcionarios.
