El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) puso en consulta pública un proyecto que busca ampliar las restricciones al teletrabajo al 100% en las entidades estatales. La propuesta alcanzaría a funcionarios de alta dirección, personal de confianza, coordinadores de equipos y trabajadores que desempeñen funciones administrativas o indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
La iniciativa, impulsada mediante la Resolución Ministerial N.° 352-2026-TR, plantea modificar el artículo 35 del Reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo. Aunque la normativa vigente ya excluye de esta modalidad total a quienes ejercen funciones directivas y al personal de confianza, el proyecto incorpora nuevos grupos de servidores y establece expresamente que el trabajo remoto no podrá realizarse desde el extranjero, salvo las excepciones contempladas en normas especiales.
Según la exposición de motivos, la regulación actual ha generado diferentes criterios entre las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas. El MTPE considera que esta situación podría afectar la supervisión de equipos, la toma de decisiones y la atención de funciones que requieren respuestas inmediatas.
Entre los puestos que quedarían excluidos del teletrabajo total figuran aquellos que desarrollan funciones directivas, incluidos los coordinadores de grupos de servidores. También se considera al personal de confianza, los puestos de Alta Dirección de entidades públicas, programas y proyectos, así como los trabajadores que realizan funciones administrativas o indispensables para la continuidad del servicio público.
Sin embargo, el proyecto no precisa cuáles serán las funciones administrativas o los puestos considerados indispensables. Esa identificación podría quedar a cargo de cada entidad durante la evaluación de los puestos que pueden acogerse al teletrabajo.
Otra modificación establece que los servidores públicos no podrán realizar teletrabajo desde fuera del territorio nacional, excepto cuando existan disposiciones especiales. Entre los casos mencionados en la exposición de motivos figuran la función diplomática, las comisiones de servicios en el extranjero y el mecanismo de gestión digital del Despacho de la Presidencia de la República cuando el mandatario se encuentre fuera del país.
La propuesta también encarga a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) establecer el tiempo máximo permitido para el teletrabajo parcial en el sector público. Además, deberá determinar qué servicios u órganos podrían organizarse de manera total y sistemática bajo esta modalidad, como la telemedicina y la teleeducación.
Finalmente, el proyecto contempla un plazo de 60 días calendario, sin posibilidad de prórroga, para que las entidades públicas adecuen los contratos y acuerdos vigentes, una vez que la eventual norma entre en vigor. La iniciativa se encuentra en consulta pública durante 15 días calendario, período en el que instituciones, empleadores, trabajadores, organizaciones y ciudadanos podrán presentar sus aportes ante el MTPE.
