Una encuesta reciente de Ipsos reveló que el 81 % de los peruanos considera que la minería ilegal representa una amenaza directa para la seguridad del país, mientras que el mismo porcentaje de ciudadanos opina que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe ser reemplazado por un sistema de control más efectivo. Solo el 15 % de los encuestados considera que esta actividad ilícita no pone en riesgo la estabilidad nacional. Frente a este panorama, el 43 % cree que la minería debería continuar bajo mayores condiciones de seguridad, y el 28 % sostiene que solo las empresas formales deben seguir operando, suspendiéndose la minería informal.
En el mismo estudio, un 31 % de los participantes responsabilizó a los mineros ilegales por la reciente masacre en Pataz, ubicándolos como los principales culpables después del gobierno nacional, señalado por el 47 %, y por encima del Congreso, que fue mencionado por el 30 %. En respuesta a la creciente inseguridad, diversas organizaciones sociales y gremios convocaron un paro nacional. La jornada de protesta fue una manifestación de rechazo a las políticas gubernamentales actuales y un llamado urgente a combatir el crimen organizado que afecta distintas regiones del país.
Durante el paro, docentes del SUTEP La Libertad realizaron una marcha en la Plaza de Armas de Trujillo exigiendo medidas contra la delincuencia que afecta su labor diaria. Sergio Pinedo, secretario regional del gremio, denunció que incluso los profesores se ven obligados a pagar extorsiones. Además, el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, Hermes Sifuentes, anunció una movilización estudiantil para este viernes como muestra de rechazo a la violencia en la ciudad. Estas acciones ocurrieron tras la renuncia de Gustavo Adrianzén a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuestionado por su manejo de la crisis de seguridad y por minimizar el asesinato de 13 trabajadores en Pataz.
