El Poder Ejecutivo promulgó una nueva norma legal que sanciona con cadena perpetua a quienes utilicen su cargo, posición de autoridad o vínculo familiar para captar a menores de edad con el propósito de involucrarlos en delitos como sicariato, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y participación en organizaciones criminales. La ley modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, incorporando un nuevo delito que penaliza la captación de menores con fines delictivos.
Con la inclusión del artículo 129-Q, la normativa establece penas de entre 8 y 12 años de prisión para quienes induzcan o persuadan a menores a cometer delitos mediante coacción, amenaza o abuso de poder. La pena se eleva a un rango de 12 a 25 años si los actos delictivos implican crímenes de alta peligrosidad como los mencionados anteriormente o si existe tentativa de estos.
El artículo también determina que cuando el autor del delito se aproveche de una posición que le otorgue autoridad sobre el menor como un cargo oficial o lazos familiares la pena será de cadena perpetua. Esta medida busca reforzar la protección de los menores frente a redes criminales que los instrumentalizan en actividades ilícitas.
