El Gobierno ha disminuido en más de 2.000 kilómetros cuadrados la extensión de la Reserva Arqueológica de Nasca, reduciendo su área de 5.600 a 3.200 km², según información oficial. Esta decisión afecta una zona históricamente golpeada por la minería ilegal, donde operan campamentos clandestinos y se han reportado daños a sitios arqueológicos. El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, afirmó que los geoglifos no están en riesgo, pero reconoció que la actividad minera informal persiste en la región.
De acuerdo con reportes anteriores del propio Ministerio de Cultura, Nasca es considerada “la zona más afectada por la minería ilegal” en todo el país. Pese a los operativos realizados y los procesos judiciales en curso, el control estatal enfrenta limitaciones debido a la amplitud del territorio y al carácter clandestino de estas actividades. Las intervenciones no han logrado erradicar del todo la presencia ilegal en la zona.
La nueva delimitación mantiene, según el Ejecutivo, el área de protección reconocida por la Unesco. Sin embargo, expertos y organizaciones patrimoniales han expresado preocupaciones sobre la capacidad real del Estado para resguardar estos bienes culturales frente a amenazas persistentes. El recorte territorial genera incertidumbre sobre la eficacia de las medidas de protección del patrimonio arqueológico en el sur del país.
