domingo, agosto 16, 2026
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Convenio entre Poder Judicial y Banco de la Nación permitirá apertura inmediata de cuentas para pensiones alimentarias

El Poder Judicial del Perú firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Banco de la Nación para permitir que jueces y juezas autoricen, el mismo día, la apertura de cuentas bancarias destinadas al depósito de pensiones alimentarias. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, indicó que este acuerdo, que elimina trámites que antes podían demorar hasta 78 días, busca asegurar una entrega oportuna de los recursos económicos destinados a niñas, niños y adolescentes. Esta funcionalidad, que estará habilitada en todos los juzgados del país para el 17 de septiembre, forma parte de una estrategia de modernización del sistema judicial que prioriza la protección de la niñez.

La iniciativa establece que, tras la emisión de una resolución judicial mediante el Sistema Integrado Judicial (SIJ), el Banco de la Nación podrá procesar la apertura de la cuenta de manera inmediata y en línea. Esta automatización permitirá reducir la carga operativa en ambas instituciones, mejorar la eficiencia en los procesos judiciales de alimentos y facilitar que los demandados realicen los depósitos sin trámites adicionales. Además del ahorro de tiempo, el convenio busca garantizar la entrega efectiva y segura de los recursos, impactando positivamente en el bienestar de las familias beneficiarias.

Durante el acto de firma, las autoridades destacaron la dimensión social del proyecto. Tello Gilardi recordó que en 2024 más de 92 mil demandas de alimentos estuvieron en trámite y más de 453 mil procesos permanecieron en ejecución. En lo que va del 2025, se han registrado más de 100 mil nuevos casos en trámite y 630 mil en ejecución, además de 122 mil personas registradas como deudoras alimentarias morosas. Este acuerdo se basa en un proyecto piloto implementado en la Corte Superior de Lima Este, el cual permitió gestionar con éxito cuentas para beneficiarios, evidenciando que la articulación entre tecnología y voluntad institucional puede mejorar el acceso a la justicia.

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