El juez Fernando Valdez Pimentel, del Poder Judicial, declaró fundada la solicitud de control de plazo presentada por la defensa de la presidenta Dina Boluarte, ordenando al Ministerio Público dar por concluida la investigación preliminar en su contra por presunto lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas. La investigación está vinculada a la campaña electoral de 2021, cuando Boluarte integró la fórmula presidencial de Perú Libre y aún no contaba con inmunidad. La resolución, emitida el 13 de agosto, dispone que la Fiscalía emita una decisión que determine si el caso será archivado o pasará a etapa de investigación preparatoria.
La defensa de la mandataria argumentó que el plazo inicial de ocho meses, iniciado en enero de 2023, venció en septiembre de ese mismo año y que las tres ampliaciones posteriores fueron contrarias a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual establece que no pueden extenderse diligencias preliminares más allá del plazo inicial vencido. En respuesta, el Ministerio Público sostuvo que se trata de un caso complejo, relacionado con delitos como lavado de activos, organización criminal y financiamiento ilegal, y estableció un plazo máximo de 36 meses para las investigaciones, con vencimiento en enero de 2026.
No obstante, el juez Valdez concluyó que, conforme a la doctrina jurisprudencial vigente, no procede ampliar plazos una vez vencido el original. Precisó que, pese a la prolongación de diligencias, la Fiscalía ha contado con tiempo suficiente para realizar los actos urgentes propios de esta etapa. La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que indaga si Boluarte participó en la gestión de fondos provenientes de militantes de Perú Libre para cubrir una reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón.
