La presidenta de la República, Dina Boluarte, observó la ley aprobada por el Congreso que establecía una pensión mínima de S/3.300 para los docentes cesantes y jubilados del país, argumentando que su aplicación generaría distorsiones en el sistema previsional y afectaciones de carácter constitucional. Con esta decisión, el Ejecutivo devolvió la norma al Parlamento, que ahora deberá decidir si introduce modificaciones o la aprueba por insistencia.
La iniciativa legislativa, respaldada por 66 votos en el Pleno, proponía elevar las pensiones de entre S/400 y S/800 que actualmente perciben muchos maestros jubilados, equiparándolas a la primera escala remunerativa de los docentes en actividad. El secretario general del Sutep, Lucio Castro, calificó la propuesta como una medida de justicia para los maestros de la tercera edad, al señalar que “los montos actuales no cubren ni la canasta básica familiar”.
El dictamen alcanzaría a cerca de 162.000 profesores comprendidos en los regímenes 19990, 20530, la Ley de Reforma Magisterial y el Sistema Privado de Pensiones. La congresista Flor Pablo, impulsora del proyecto, expresó su preocupación por los bajos montos que reciben los docentes retirados, que según la ONP oscilan entre S/500 y S/893, muy por debajo del salario mínimo. El exministro de Educación, Idel Vexler, sostuvo que el incremento podría aplicarse de manera progresiva para aliviar la situación económica del magisterio jubilado.
