El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por una reciente decisión del Poder Judicial peruano que limita las facultades de supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el Megapuerto de Chancay, operado por la empresa china Cosco Shipping. A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el gobierno estadounidense alertó que el país podría perder control sobre esta infraestructura estratégica y cuestionó el rol de inversionistas chinos en proyectos de gran escala.
El fallo judicial declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco, impidiendo que Ositrán regule, fiscalice o sancione las operaciones del terminal portuario, salvo en temas tarifarios que corresponden a Indecopi. Frente a esta decisión, Ositrán anunció que interpondrá una apelación, argumentando que el megapuerto constituye una infraestructura de uso público conforme a la Ley Portuaria Nacional y que debe mantenerse bajo supervisión estatal para garantizar el cumplimiento de las normas.
En este contexto, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, respaldó la posición de su gobierno y señaló que “lo barato sale caro” al referirse a los riesgos de perder autonomía sobre activos estratégicos. Mientras continúa la controversia legal y diplomática, el puerto de Chancay sigue consolidándose como un eje logístico regional, habiendo recaudado más de mil millones de soles a través de la Sunat desde el inicio de sus operaciones.
