La justicia de Bolivia declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no asistiera al inicio del juicio en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas. La audiencia se realizó en la ciudad de Tarija y fue suspendida hasta que el exmandatario comparezca ante el tribunal o sea llevado por la fuerza pública.
El fiscal del caso, Luis Gutiérrez, confirmó que el tribunal ordenó la captura y el arraigo de Morales, medida que le impide salir del país mientras continúe el proceso judicial. Además, precisó que la ejecución de la orden corresponde a la Policía Boliviana.
Según la Fiscalía, ni Evo Morales ni sus abogados se presentaron a la audiencia ni enviaron una justificación formal por su ausencia. Ante ello, el tribunal dispuso que el exmandatario sea representado provisionalmente por abogados de la defensa pública.
Por su parte, el abogado defensor Wilfredo Chávez cuestionó la legalidad del proceso y aseguró que Morales no fue notificado personalmente, sino mediante un edicto judicial. La defensa sostiene que existirían irregularidades y denunció una presunta motivación política detrás de la reactivación del caso en medio de protestas contra el gobierno boliviano.
