El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) advirtió que los primeros 100 días del próximo gobierno serán decisivos para enfrentar una actividad ilícita que ya supera al narcotráfico en volumen económico y alcance territorial en el Perú.
Según el especialista César Ipenza, la minería ilegal mueve alrededor de 11.500 millones de dólares al año y está vinculada a graves impactos ambientales, corrupción, violencia y otros delitos conexos. Por ello, el OMI presentó diez propuestas dirigidas a quien resulte elegido presidente el próximo 7 de junio.
Entre las principales medidas destaca el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que, según el observatorio, ha sido utilizado como un escudo por mineros informales para continuar operando sin controles efectivos.
Asimismo, plantean eliminar los beneficios legales que actualmente protegen a quienes realizan actividades mineras en zonas prohibidas, fortalecer el financiamiento para las fiscalías encargadas de combatir este delito, implementar medidas anticorrupción en el Ministerio de Energía y Minas y prohibir completamente el uso de mercurio para el año 2030.
También se propone reforzar la trazabilidad del oro mediante sistemas de control digital y prohibir expresamente la minería en ríos amazónicos para reducir el daño ambiental.
El Observatorio cuestionó además los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, señalando que ambos presentan vacíos importantes respecto a cómo enfrentarán la minería ilegal. Según Ipenza, la falta de propuestas concretas genera preocupación sobre el verdadero compromiso político para combatir uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente el país.
