La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, cuestionó los dos nuevos informes de instrucción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que proponen imponerle nuevamente la máxima sanción disciplinaria. La exfiscal de la Nación calificó los casos como “totalmente risibles” y aseguró que no permitirá que las decisiones en su contra queden sin respuesta.
Espinoza criticó además que la JNJ haya programado para el martes 25 de agosto la audiencia en la que deberá presentar sus descargos, coincidiendo con una sesión del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima que tenía previsto evaluar la suspensión del ejercicio profesional de cinco integrantes de la Junta. Según sostuvo, las nuevas acusaciones forman parte de una estrategia para continuar debilitándola institucionalmente.
“Señores, destitúyanme doscientas veces, la ley tarde o temprano se va a imponer y ustedes van a responder”, manifestó Espinoza durante una entrevista con Maz Media. La actual decana del CAL también cuestionó a quienes, según afirmó, actúan siguiendo órdenes dentro de la Junta y advirtió que todos deberán responder por sus decisiones.
Uno de los informes de instrucción fue elaborado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y señala presuntas faltas muy graves relacionadas con la investigación contra el exparlamentario Alejandro Soto por el delito de concusión. El documento cuestiona tanto la duración de la investigación como una reunión que Espinoza sostuvo con Soto mientras la carpeta fiscal permanecía abierta. La exfiscal respondió que el caso no estuvo bajo su responsabilidad exclusiva y que el encuentro tuvo carácter institucional, relacionado con el presupuesto del Ministerio Público.
El segundo informe fue elaborado por el vicepresidente de la JNJ, Víctor Chanduví, y está relacionado con la reincorporación de Tomás Gálvez como fiscal supremo. Según la acusación, Espinoza habría retrasado su retorno y solicitado su suspensión ante el Poder Judicial. La decana del CAL sostuvo que la reincorporación de Gálvez representaba un riesgo para la institución debido a las investigaciones y denuncias que enfrentaba, entre ellas el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Espinoza argumentó además que sus advertencias se confirmaron posteriormente, pues tras su reincorporación Gálvez desactivó equipos especiales que investigaban casos de alta complejidad y apartó a fiscales responsables de determinadas investigaciones. La exfiscal considera que sus decisiones estuvieron orientadas a proteger la institucionalidad del Ministerio Público.
La audiencia ante el Pleno de la JNJ está programada para el 25 de agosto, fecha en la que Espinoza podrá presentar sus descargos frente a ambos informes. De acuerdo con el proceso disciplinario, será posteriormente la Junta la que determine si corresponde imponer las nuevas sanciones propuestas.
Actualmente, Espinoza se encuentra fuera del Ministerio Público desde septiembre de 2025 debido a una suspensión previa de la JNJ. Además, acumula dos inhabilitaciones impuestas por el Congreso y una destitución de la propia Junta en enero de 2026. Las nuevas sanciones, de aprobarse, no tendrían un efecto inmediato sobre su situación actual, pero podrían complicar un eventual retorno al Ministerio Público y obligarla a continuar recurriendo a la vía judicial para cuestionar las decisiones en su contra.
