El Gobierno peruano evalúa incrementar la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular y negocia con las autoridades de Venezuela alternativas para trasladar a grupos numerosos por vía marítima, según anunció el ministro del Interior, César Astudillo, durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso.
El titular del Mininter informó que hasta el momento 1.635 extranjeros han sido expulsados del país y sostuvo que esta cifra podría aumentar considerablemente si avanzan las coordinaciones que el Ejecutivo mantiene con las autoridades venezolanas.
“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela, sobre todo para mandarlos. Y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”, afirmó Astudillo durante su exposición ante el Congreso.
El ministro no precisó cuándo comenzarían los traslados marítimos, desde qué puerto se efectuarían, cuál sería su capacidad ni cuáles son los acuerdos específicos que actualmente se negocian con Caracas. La eventual aplicación de esta medida deberá definir también quiénes estarían comprendidos y bajo qué procedimientos se ejecutarían las expulsiones.
SITUACIÓN MIGRATORIA Y CONTROL DE INGRESOS
Durante su intervención, Astudillo diferenció entre permanecer en el Perú en situación migratoria irregular y regresar al territorio nacional después de haber sido expulsado. “Ser ilegal en el país no es delito”, señaló durante su exposición.
El titular del Interior explicó que el escenario cambia cuando una persona sobre la que ya existe una medida de expulsión vuelve a ingresar al territorio peruano. Para detectar estos casos, las autoridades vienen incorporando información biométrica y otros datos de identificación con el objetivo de identificar eventuales reingresos utilizando documentación diferente.
El anuncio se produce mientras el Ejecutivo intensifica los operativos de fiscalización migratoria. Migraciones informó en julio que durante 2026 había realizado más de 2.500 operativos de verificación y control migratorio en coordinación con la Policía Nacional.
Durante su presentación, Astudillo también mencionó que la población venezolana residente en Perú sería de cerca de dos millones. El texto señala que las estadísticas disponibles pueden variar dependiendo de la fuente, el periodo y de si se contabiliza a residentes, movimientos migratorios o personas con determinado estatus documental.
PERÚ YA EXPULSÓ VENEZOLANOS POR VÍA AÉREA
La posibilidad de utilizar barcos ampliaría una política de expulsiones que el Ejecutivo ya ha aplicado mediante transporte aéreo. El 2 de agosto, el Gobierno trasladó desde el Callao hacia Caracas a tres ciudadanos venezolanos identificados como integrantes del Tren de Aragua, quienes habían cumplido condena en Perú.
Los tres fueron enviados en un avión Spartan C-27 de la Fuerza Aérea y viajaron bajo custodia policial para ser entregados a las autoridades venezolanas.
Asimismo, durante agosto, Migraciones informó sobre la expulsión de 42 extranjeros en situación irregular como resultado de operativos realizados junto con la División de Extranjería de la PNP.
La expulsión constituye una medida administrativa que debe aplicarse de manera individual, de acuerdo con las causales y procedimientos establecidos en la legislación migratoria. Por ello, el anuncio de traslados de grupos numerosos por vía marítima todavía requiere precisar quiénes serían incluidos, bajo qué procedimientos se ejecutarían las medidas y cómo se coordinaría su recepción en Venezuela.
ASTUDILLO PASÓ A SESIÓN RESERVADA
Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación de César Astudillo ante la Comisión de Defensa, donde también respondió preguntas relacionadas con la extorsión, la venta informal de chips, el acceso de la Policía a información bancaria y el funcionamiento del sistema de justicia.
El ministro cuestionó que los chips telefónicos puedan adquirirse sin una identificación adecuada de los usuarios y sostuvo que esta situación dificulta el rastreo de comunicaciones utilizadas para realizar amenazas y extorsiones.
Tras responder las preguntas formuladas por los parlamentarios sobre diferentes aspectos de la seguridad ciudadana, Astudillo solicitó que parte de su exposición continuara en sesión reservada.
