Una delegación de ciudadanos del pueblo indígena Ticuna, procedente de la comunidad nativa Bellavista Callarú, llegó a Lima para solicitar apoyo al Estado ante las amenazas que, según denunciaron, vienen recibiendo de organizaciones criminales colombianas y brasileñas en la zona de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.
Los pobladores señalaron que estos grupos criminales los obligarían a sembrar hoja de coca y que quienes se niegan podrían ser víctimas de agresiones, secuestros e incluso asesinatos.
Desiderio Flores Ayambo, alcalde encargado de la comunidad, estimó que alrededor de 5.000 pobladores podrían verse afectados por esta situación. Según explicó, estas personas pertenecen a 9 comunidades anexas vinculadas al pueblo Ticuna.
El representante indígena también denunció décadas de abandono estatal, así como la falta de electricidad y las deficiencias existentes en los servicios básicos. Entre sus principales pedidos figura la implementación de alternativas productivas que permitan a las familias abandonar definitivamente los cultivos ilegales.
PIDEN MAYOR PRESENCIA DEL ESTADO
Como parte de sus solicitudes, la comunidad de Bellavista Callarú puso terrenos a disposición del Ejército y la Policía para facilitar una presencia permanente de las instituciones del Estado en la zona.
Flores Ayambo indicó que la comunidad entregó 9 hectáreas para que el Ejército pueda instalarse y desarrollar operaciones cerca de la población.
Los representantes Ticuna consideran que una mayor presencia estatal permitiría mejorar las condiciones de seguridad y brindar respuestas frente a las organizaciones criminales que operan en esta zona fronteriza.
BUSCAN CONVERTIRSE EN DISTRITO
Otro de los pedidos presentados por la comunidad de Bellavista Callarú consiste en lograr su reconocimiento oficial como distrito de Loreto.
El fiscal Ronald Ramón Flores Ñáñez, fiscal adjunto supremo y coordinador de la Oficina Especializada en Justicia Intercultural del Ministerio Público, explicó que el trámite se habría retrasado debido a la sensibilidad de las relaciones fronterizas con Colombia, especialmente después de la controversia relacionada con Santa Rosa.
Los integrantes de la comunidad sostienen que la distritalización permitiría acceder a mejores condiciones de seguridad, servicios públicos, proyectos productivos y presencia efectiva del Estado.
Según su planteamiento, la falta de presencia estatal habría generado condiciones que facilitaron el ingreso y permanencia de organizaciones criminales en la zona.
La delegación permanece actualmente en Lima con la intención de que el Gobierno de Keiko Fujimori atienda sus pedidos y adopte medidas frente a las amenazas denunciadas y las carencias que afectan a la población.
Como antecedente, durante los primeros días de su mandato, la administración de Keiko Fujimori propuso la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas, dentro de sus iniciativas para la creación de nuevas circunscripciones territoriales.
