El abogado Jorge Petrozzi, representante legal de la víctima del caso de presunta agresión sexual ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, señaló que espera una condena de 8 años de internamiento para los 6 adolescentes acusados de agredir sexualmente a un compañero de 16 años dentro de un bus escolar en San Borja. “Los ocho años de condena, eso es lo que espero, no menos, eso es lo que debería de ocurrir”, declaró durante una entrevista con Beto a Saber.
Petrozzi explicó que los 8 años corresponden al límite máximo contemplado por el sistema de responsabilidad penal juvenil peruano para menores infractores. “Que le llamen internamiento, perfecto, porque son menores, pero son ocho años privado de su libertad y eso es lo que esperamos”, manifestó. En ese sentido, comparó la eventual sanción con la que correspondería a personas adultas y sostuvo: “Si fueran mayores de edad, les correspondería entre treinta y treinta y cinco años. Después de los treinta y cinco años viene la cadena perpetua. Para que vea usted la gravedad del delito que se ha cometido, si fueran adultos, estarían enfrentando una pena de hasta treinta y cinco años”.
El letrado vinculó su pedido con dos circunstancias agravantes que, según indicó, figuran en la causa: la participación de más de 2 personas y la crueldad con la que se habría desarrollado el ataque. “Han sido más de dos, o sea, en grupo”, afirmó, y señaló que el documento del Juzgado de Familia reconoce esas condiciones como factores que agravan la responsabilidad de los acusados.
Petrozzi sostuvo que su solicitud busca que la eventual condena tenga un efecto disuasivo frente a hechos similares en el ámbito escolar. “Tiene que ser una sanción ejemplificadora. En otras palabras, que al que se le vuelva a ocurrir hacer una gracia como esta, le quede bien claro que se puede ir ocho años preso”, declaró.
El abogado también aclaró que su pedido no responde a un deseo de generar un perjuicio personal a los adolescentes. “No me satisface el drama humano, ni el de mi cliente ni el de las otras personas. Pero sí quiero justicia, porque eso es lo que la familia me ha pedido”, sostuvo.
Respecto a los plazos del proceso, Petrozzi advirtió que la investigación preparatoria podría prolongarse entre 60 y 90 días, con posibilidad de ampliación si el caso es declarado complejo. Según explicó, existe el riesgo de que ese periodo termine coincidiendo con el plazo de 4 meses de internamiento preventivo impuesto a los 6 menores. “Si se toman todo ese tiempo para la investigación preparatoria, el día que venza ese plazo, ya se va a haber vencido también el plazo de los cuatro meses de internamiento”, señaló.
Por ello, pidió al Ministerio Público actuar con mayor rapidez y avanzar hacia el juicio antes de que concluya la medida cautelar. “Como las evidencias son abrumadoras, el fiscal no tiene por qué tomarse los sesenta o los noventa días. El fiscal puede tomarse dos o tres semanas bien trabajadas y decir, nos vamos a juicio”, planteó. Además, consideró que con una gestión judicial ágil podría emitirse una sentencia dentro de los 4 meses de internamiento preventivo. “Si realmente quieren trabajar bien, yo creo que en cuatro meses pueden dictar una condena”, afirmó.
