El Poder Judicial condenó al exministro del Interior Juan Carrasco Millones por el delito de falsedad genérica y le impuso 2 años y 7 meses de prisión suspendida. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que presentó información falsa en dos documentos dirigidos al Ministerio Público: una solicitud de licencia antes de asumir el cargo ministerial y una posterior carta de renuncia a su puesto como fiscal provincial.
El adelanto del fallo se dio a conocer el 13 de noviembre. Los jueces supremos José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez declararon por unanimidad la responsabilidad penal del exfuncionario, quien integró el gobierno de Pedro Castillo.
El primer hecho ocurrió el 26 de julio de 2021, cuando Carrasco solicitó ante la Fiscalía de la Nación una licencia sin goce de haber por “motivos personales”, sin informar que su intención era asumir el Ministerio del Interior. La Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF) aprobó el pedido al día siguiente. Durante el juicio, la gerente de dicha oficina, Silvia Karina Ávila Lam, señaló que la solicitud habría sido observada si se conocía el verdadero motivo.
El segundo hecho se produjo después de que Carrasco jurara como ministro del Interior el 29 de julio de 2021. El 2 de agosto presentó su carta de renuncia como fiscal provincial, pero el documento consignaba como fecha de elaboración el 28 de julio, un día antes de su juramentación. La Sala concluyó que esa fecha buscaba aparentar que había dejado el cargo fiscal antes de asumir el ministerio.
El tribunal descartó la justificación de que la carta se hubiera elaborado el 28 de julio y recordó que el 30 de ese mes, pese a los feriados del 28 y 29, la mesa de partes virtual del Ministerio Público atendió con normalidad. Por ello, consideró que no existía una razón válida para presentar la renuncia recién el 2 de agosto con una fecha anterior.
La pena impuesta fue menor a los 4 años de prisión solicitados por el Ministerio Público. Los magistrados aplicaron el sistema de tercios y descartaron la agravante por condición de funcionario público, al considerar que no se acreditó que Carrasco hubiera utilizado su cargo para cometer el delito. La condena quedó suspendida por el mismo periodo de 2 años y 7 meses, bajo reglas de conducta que incluyen no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial y presentarse cada dos meses ante el juzgado.
En cuanto a la reparación civil, el tribunal fijó 30 mil soles por el delito de aceptación ilegal del cargo y 10 mil soles por falsedad genérica. Carrasco no recibió una pena de prisión por el primer delito debido a que este prescribió, aunque los jueces precisaron que ello no impedía establecer una reparación civil.
